Desigualdades en la Inversión en la Infancia en las provincias de Argentina

Garantizar los derechos de la infancia es una responsabilidad legal y ética de los Estados, que deben desarrollar políticas públicas para ello. Estas políticas no son más que expresiones de deseos sin las partidas presupuestarias correspondientes:no se pueden poner en funcionamiento
jardines de infantes ni implementar programas de atención de la salud para los niños y niñas si no se cuenta con los recursos necesarios.
En la Argentina, muchas de las políticas y de los programas dirigidos a la infancia son responsabilidad de los gobiernos provinciales. De hecho, según un informe de UNICEF y del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, en 2004 las provincias ejecutaron 18.329 millones de pesos en programas para la infancia y adolescencia, lo que equivale al 74,4% del
gasto total dirigido a este grupo especialmente vulnerable.
Si bien todas las provincias tienen la misma responsabilidad en que se efectivicen los derechos de los niños y niñas que habitan en sus territorios, los recursos fiscales que disponen para hacerlo
son muy dispares: mientras que Tierra del Fuego, Santa Cruz y Neuquén disponían en 2006 (último dato oficial disponible) de más de 5.700 pesos por habitante para distribuir entre sus acciones y programas, la provincia de Buenos Aires, Misiones, Salta, Córdoba y Tucumán
no superaban los 2.000 pesos. Estas diferencias se explican fundamentalmente por el reparto injusto de recursos de la coparticipación federal de impuestos, y repercuten directamente
sobre la inversión en infancia. Así, mientras que en 2003 (último dato oficialdisponible) Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán no destinabanmás de 831 pesos por niño o niña, las provincias cuyos Estados son más ricos pudieron invertir más de 3.500 pesos en ese mismo año.
Los gobiernos provinciales tienen un poder de decisión fundamental a la horade destinar sus recursos públicos. En este punto, también existe una importante diferencia entre las jurisdicciones. Porejemplo, en el año 2003 Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa invirtieron menos de 30% de su gasto total en programas dirigidos a la infancia y adolescencia, mientras que Corrientes, Córdoba y la provincia de Buenos Aires más de 38%.
Que la infancia esté en agenda significa, entre otras cosas, destinar suficientes recursos públicos y distribuirlos equitativamente.
Para ello, es necesario, por un lado, que los gobiernos nacional y provinciales prioricen la inversión destinada a los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, es imperioso mejorar la equidad en la distribución de los ingresos entre Nación y provincias primero y entre las provincias después. La creciente recaudación de ingresos no coparticipables por parte del gobierno nacional, debido principalmente a las retenciones, es una oportunidadhistórica para saldar la deuda de las desigualdades interprovinciales y fortalecer
la acción del Estado en todo el territorio nacional.
Fuente: CIPPEC, ciclo: la infancia en agenda, noviembre 2007